Una resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en una tutela de derechos solicitada por el magistrado electoral Víctor Ticona, ha encendido las alarmas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata de un veredicto del 12 de febrero que señala que los jueces electorales pueden ser sometidos a acusaciones constitucionales."Es como quitar el escudo a alguien frente al pelotón de fusilamiento", así describieron esta resolución fuentes del máximo tribunal electoral del país.