Impedir que el Perú sea asediado por los extorsionadores, sicarios, secuestradores y otros criminales que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía, parece no ser el objetivo de los operadores de la justicia.En los últimos meses, el país ha sido testigo de cómo la Fiscalía y el Poder Judicial (PJ) ordenaron la liberación de peligrosos malhechores que regresan a las calles para seguir cometiendo delitos. De acuerdo con información revisada por Correo, en los últimos siete meses, entre los años 2023 y 2024, se han liberado a al menos a 69 presuntos delincuentes que protagonizaron hechos repudiables. Sin embargo, para el sistema de justicia no existen pruebas para que cumplan una prisión preventiva.