El Congreso de la República propició, nuevamente, condiciones para que la minería ilegal, el principal problema del país según el 62% de peruanos (de acuerdo con cifras de Confiep), siga operando a sus anchas. Con la reciente derogación de la disposición de un decreto legislativo que aceleraba los plazos para la formalización, el Parlamento ha extendido la permanencia de quienes lucran de una actividad que, además de impactar el medio ambiente, genera una espiral de violencia que afecta a muchas personas vulnerables.Dicho decreto, aprobado en diciembre del 2023, establecía que los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) contaban con un plazo límite hasta el 20 de marzo para presentar ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) un contrato de explotación o de cesión, sobre el área que operan, suscrito con el titular de la concesión minera que tenga autorización para realizar actividades de exploración o explotación. Con ello, habrían quedado fuera del registro los ilegales.No es un secreto que en la actualidad hay mineros ilegales inscritos en el Reinfo que, bajo el manto de legalidad que les confiere estar en una especie de limbo, continúan lucrando sin ninguna repercusión en su contra.
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