Resulta alentador que más allá de los intentos populistas de cierto sector del Congreso --incluidos algunos apristas--, el Ministerio de Trabajo mantenga la brújula en un tema tan sensible y delicado como el de la estabilidad laboral.Sin una actitud equilibrada de parte de la autoridad rectora de trabajo, perderían empleadores y empleados que, en suma, lo que necesitan son normas flexibles que a la vez protejan los derechos laborales y garanticen empleo digno, como ha reconocido la ministra Susana Pinilla, en entrevista con El Comercio.Necesitamos una ley de trabajo que compense los intereses de ambas partes y que sustancialmente tome distancia del proyecto aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso que, en palabras de la propia ministra, va en contra de la política laboral y desalienta la inversión, el empleo y la estabilidad de los trabajadores.Esta postura balanceada es responsable y debería extenderse al resto de temas pendientes que hasta el momento han impedido la promulgación de una ley consensuada que recoja los planteamientos del Consejo Nacional del Trabajo. También debería ampliarse el debate sobre la desafiliación, que hoy se votará en el Congreso para decidir si se aplicará de manera selectiva o de manera irrestricta. Los hechos señalan que esta última es la menos recomendable, si lo que se busca es solucionar la situación desigual de los pensionistas que se vieron perjudicados cuando se afiliaron a las AFP. Por lo menos, debería considerarse las enormes limitaciones que afronta la ONP, incapaz de autofinanciarse y de recuperar los expedientes de los cientos de jubilados que a la fecha no pueden cobrar sus pensiones por falta de acreditación documental.