Por Jaime de Althaus.Todo lo que ha ocurrido con Petro-Perú da la razón al capítulo económico de la Constitución de 1993, particularmente al artículo 60, que establece que, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Es decir, que el Estado solo podría intervenir empresarialmente allí donde el sector privado no invierte porque no es rentable hacerlo.La sola existencia de Petro-Perú viola ese artículo, y con gran costo para los peruanos, que tenemos que echar mano al bolsillo de los impuestos que pagamos todos para solventar el desastre financiero de esa empresa. Si fuera privada, en vez de pérdidas, estaría dando utilidades y pagando impuestos al erario nacional, en lugar de tomar recursos de él.Y la razón es muy sencilla y fue muy bien reflejada en el título del libro que publicó Carlos Paredes luego de haber sido presidente de esa empresa durante diez meses: "La tragedia de las empresas sin dueño". Allí explica cómo una empresa que carece de un dueño termina siendo apropiada por los estamentos gerenciales y las dirigencias sindicales, a quienes llama "la gran cofradía". (Edición sábado).