A pesar de la alta votación con que el pleno del Congreso aprobó el proyecto, no deja de ser preocupante la idea de establecer un fondo especial, esta vez para defensa y seguridad ciudadana, repartido en partes iguales entre los tres institutos armados y la Policía Nacional.Son entendibles las necesidades y urgencias de nuestras fuerzas armadas y policiales, sobre todo ante la ostensible carencia de recursos hasta para mantenimiento y modernización de equipos y naves. Sin embargo, es también obvio que vivimos tiempos distintos y que está costando mucho introducir los conceptos de transparencia, equidad y equilibrio presupuestal. Por lo demás, la situación de falencia fiscal que vive el país afecta a todos los ámbitos del aparato estatal.Resulta, entonces, evidente que al dar un trato preferente a un sector se rompe este orden y se sienta un precedente negativo que podría ser invocado por otros sectores desatendidos. ¿Por qué no crear también un fondo para salud, actualmente en estado calamitoso? ¿Y otro para educación, para remontar los bajísimos índices de calidad y rendimiento? La solución, entonces, no pasa por crear fondos especiales para cada sector, sino por retomar la reforma militar y policial.Ahora bien, llegados al punto de aprobar el fondo, tiene que ponerse especial cuidado en la fiscalización del manejo de dichos recursos, en lo que le corresponde un papel fundamental a la Contraloría General de la República.