Desde que se reveló el primer caso de un "mochasueldo" en marzo del año pasado, se han abierto un total de 11 procesos internos en el Congreso para determinar responsabilidades éticas y políticas de los legisladores involucrados en esas denuncias.No obstante, virtualmente todo ha sido una farsa que ha devenido en un vergonzoso blindaje entre parlamentarios.La frase "otorongo no come otorongo" ha estado así más vigente que nunca en el Legislativo.Del total de denunciados, ocho fueron protegidos en las dos instancias principales para investigar estos casos: la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).(Edición domingo).