La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe final de la denuncia constitucional 359, que recomienda acusar a la legisladora María Cordero Jon Tay e inhabilitarla por un plazo de 10 años por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.El informe final recomienda acusarla por la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado, y por comisión de presuntas infracciones a la Constitución.