Aníbal Torres, exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo, y su defensa legal admitieron que rompieron una de las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial en el proceso penal que se le sigue por el golpe de Estado que perpetró el expresidente el 7 de diciembre del 2022. Lo hicieron durante una audiencia en la que el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, evaluó imponerle un apercibimiento, sanción que podría dejar a Torres a un paso de la prisión preventiva.