Por Nicolás Zevallos Trigoso, Instituto de Criminología.Hace unas semanas, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe destacó la barrera que representan el crimen organizado y la violencia para el desarrollo de la región. En su texto, mencionó que ya en el 2012 un informe del banco estimaba que la violencia tenía un costo equivalente al 8% del PBI en seis países de la región y que una reducción del 10% en la violencia podría resultar en un aumento del crecimiento anual en los países más afectados por este flagelo. Así, si no se adoptan medidas para mitigar la delincuencia, además de los riesgos letales que supone el incremento de los delitos violentos, también enfrentamos un grave riesgo de estancamiento económico en nuestros países.Más allá del significativo impacto que tienen en nuestra economía, durante muchos años se ha considerado que dos sectores son claves para nuestro crecimiento: la minería y los emprendimientos. Hoy, ambos sectores son víctimas del crimen organizado. Por un lado, los proyectos mineros legales se ven afectados por la minería ilegal y los actores criminales asociados. El caso de la minera Poderosa en Pataz es solo el ejemplo más visible de una problemática que se extiende a otras localidades del país. Lo que comenzó como la incursión de mineros ilegales en las concesiones legales ha atraído a redes criminales involucradas en secuestros, extorsiones y asaltos, poniendo en riesgo tanto a los proyectos mineros legales como a las comunidades en las que operan.