El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha sido involucrado nuevamente en una trama potencialmente ilícita para evitar la acción de la justicia. Recurrió a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que esta archive la investigación fiscal en su contra por el caso de la Fábrica de Trolls: un grupo de sus asesores y empleados del Poder Legislativo que se dedicaban, en horas de trabajo, a insultar a legisladores de la oposición mediante mensajes y videos por las redes sociales.