Por Iván Arenas.Días atrás se conoció que el Perú aún mantiene el segundo lugar en la producción mundial de cobre. Aún podemos respirar tranquilos. Según el Ministerio de Energía y Minas, el Perú produjo alrededor de 2.7 millones de toneladas del mineral rojo. No obstante, de no desarrollarse otros proyectos mineros que hay en cartera, la República del Congo nos respiraría en la nuca. El país africano pasó de producir un 4.5% en 2013 a un 11.0% en 2022.Ahora bien, todos los datos indican el aporte vital de la minería moderna para las venas económicas y sociales del Perú. Dos ejemplos: solo las regalías mineras (no canon minero) de Las Bambas en 2023 fueron más de US$104 millones (y acumulan más de US$592 millones desde 2015), y en ese mismo año la macrorregión sur recibió más de S/3,500 millones de transferencias por todo tipo de concepto minero. Dato mata relato, como se suele decir.Pero el problema continúa. ¿Y cuál es ese problema? La baja cantidad y calidad del gasto público de los recursos económicos que provienen de esa "renta natural" como es la minería moderna para el cierre de brechas. Otro ejemplo: en 2023, el "distrito rico" de San Marcos, en Huari-Áncash, apenas gastó el 45% (en actividades y proyectos) de los más de S/845 millones de sus arcas. Sobran ejemplos como esos. En promedio, en todo el país solo se gasta el 60%.