Por Iván Slocovich Pardo, director del diario Correo.Todo hace indicar que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ya tiró la esponja ante lo que sucede en la región La Libertad, donde no solo hay crímenes y extorsiones en la zona de la costa, sino también una nueva modalidad de terrorismo en la sierra que afecta directamente a la minería formal, esa que sí es supervisada por el Estado, que tributa a manos llenas y que es un soporte de nuestra alicaída economía que este año espera tener cifras más auspiciosas que las del 2023, que cerró en rojo.La sierra liberteña y en especial la provincia de Pataz se ha convertido en tierra liberada por el crimen organizado asociado a la minería ilegal, tal como informamos ayer en Correo Lima, donde damos cuenta de los 10 atentados dinamiteros contra el tendido eléctrico que abastece a las actividades de minera Poderosa, a la que a fines del año pasado le mataron nueve trabajadores, sin que hasta el momento haya responsables a pesar del despliegue policial que finalmente solo fue para la foto. Pero el problema en La Libertad, tanto en la costa como en la sierra, no solo se centra en Lima, donde la inacción del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional es evidente.