En su acusación por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, el Ministerio Público no solo apunta a Pedro Castillo y a un sector de sus exministros, sino también a tres oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Estos -de acuerdo con el documento de 963 páginas al que accedió El Comercio- acataron inicialmente una de las órdenes dadas por el expresidente: el cierre del Congreso.Al menos ocho testimonios coinciden en que, tras el mensaje a la nación del exmandatario hoy en prisión preventiva, un contingente de policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE) cercó las calles cercanas al Palacio Legislativo e impidió el ingreso de congresistas y trabajadores de esa institución [ver recuadro]. Y que la directiva fue dada por el entonces jefe de la VII Región Policial Lima, el general PNP Manuel Lozada Morales.