Por Jaime Pinto, abogado.En octubre del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo y su ministro de Economía, Kurt Burneo, firmaron el Decreto de Urgencia 023-2022 mediante el que Petro-Perú fue beneficiada con un salvataje extraordinario consistente en un aporte de capital de S/4'000.000 y garantías por US$500 millones para que pueda importar combustible para vender en el norte del país y la selva, su mercado tradicional. Ahora, su directorio solicita un nuevo salvataje por alrededor de US$2.550 millones, a través de una combinación de recursos frescos y nuevas garantías para poder continuar importando combustible, pues nadie le da crédito a una empresa quebrada.Propongo la intervención de la empresa ordenada mediante un nuevo decreto de urgencia (que tiene rango de ley), firmado por la presidenta Dina Boluarte y su ministro de Economía, Alex Contreras, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Este decreto debe disponer que, a través de su junta de accionistas, se creen tres empresas: (a) una que tenga como único activo la nueva refinería y sus respectivos pasivos, principalmente los bonos emitidos por Petro-Perú (US$3.000 millones); la deuda con Cesce (US$1.056 millones); y los préstamos bancarios sin garantía (US$935 millones), todas vinculadas a la construcción y equipamiento de la nueva refinería de Talara; (b) una segunda empresa cuyo único activo sea el Oleoducto Norperuano, importante infraestructura que transporta el petróleo que se extrae de los diversos contratos de explotación en la selva norte; (c) una tercera empresa que tenga como activo la cadena de grifos que actualmente administra Petro-Perú y todo lo demás. El barril sin fondo, pues, lo constituye la nueva refinería de Talara.