El 22 de noviembre del año pasado, la presidenta Dina Boluarte promulgó el Decreto Legislativo No. 1585, que modifica una serie de artículos del Código Penal con el objetivo de deshacinar los establecimientos penitenciarios. Las medidas se dieron en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Parlamento en algunas materias como seguridad ciudadana. Una de esas leyes está relacionada con la terminación anticipada de la prisión preventiva.Antes de esta normativa, un investigado podía solicitar al Poder Judicial (PJ) que evalúe la posibilidad de revisar el cese de su prisión preventiva, pero con la nueva norma, ahora el juez está obligado a revisar de oficio, cada seis meses, la vigencia de los argumentos que dieron lugar a que se dicte esta reclusión.