Van a cumplirse dos meses ya desde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, por amplia mayoría, el informe final que recomienda acusar a la parlamentaria María Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión, suspenderla por el tiempo que dure la investigación en su contra e inhabilitarla por 10 años para el ejercicio de la función pública.El presidente del Congreso, Alejandro Soto, sin embargo, no se da por enterado y, pese al tiempo transcurrido, no incluye el tema en la agenda de la Comisión Permanente que, de acuerdo a reglamento, debe debatir y votar el informe, y de aprobarlo, nombrar a una subcomisión acusadora que sustente el documento y formule acusación ante el Pleno.