Por Jaime Pinto, abogado.No sabemos cuál fue el resultado de la reunión del Consejo de Ministros del lunes pasado en la que supuestamente se iba a analizar la situación (diría el pedido urgente) del directorio de la empresa para que el Gobierno, a través del MEF, le vuelva a lanzar un salvataje.Se ha especulado mucho sobre cuáles serían los términos de ese salvataje: desde darle nuevo dinero por alrededor de US$ 2,000, capitalizar el crédito que le fuera concedido por el Decreto de Urgencia N° 010-2022 por S/ 2,953 millones, que el MEF extienda garantías a sus operaciones de comercio exterior (es decir, las importaciones que efectúa Petroperú para poder tener producto que refinar) hasta por US$ 1,000 ya que nadie le da crédito a esta empresa quebrada y sin esas importaciones no puede seguir funcionando, etc. Todo esto en un contexto en que la empresa ha perdido alrededor de US$ 400 millones de dólares durante el 2022 y su deuda total alcanza alrededor de US$ 6,000 millones, incluyendo la deuda de corto y largo plazo.Ninguna de estas medidas va a resolver el tema central de la empresa: Petroperú está quebrada y debe dejar de operar en lo inmediato. El Estado tiene un sinnúmero de otras prioridades (infraestructura educativa, postas médicas, seguridad ciudadana, equipamiento y modernización policial, mantenimiento de infraestructura, etc., todas ellas básicas y urgentes) como para seguir malgastando recursos públicos en un "barril sin fondo" simplemente por darle el gusto a unos pocos ideólogos que siguen creyendo en esa idea trasnochada de "empresas estratégicas".
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