El Gobierno debe tomar en esta semana una decisión sobre el nuevo rescate financiero que Petro-Perú insiste en solicitar con la finalidad de cubrir el forado en sus finanzas y cancelar las deudas que ha contraído con sus proveedores de crudo y combustibles.Esto, debido a que no contaría con los medios suficientes para seguir abasteciéndose de estos productos más allá de enero o febrero, un apuro que se agrava porque "los trámites administrativos para un desembolso autorizado demoran quince días aproximadamente", apunta César Gutiérrez, expresidente de Petro-Perú. El tiempo corre. De allí la urgencia de la petrolera estatal por asegurarse los US$2.550 millones (0,94% del PBI) que deben sacarla de tan grave apuro, si bien momentáneamente.Y es que los problemas que enfrenta son de tan gran magnitud que "si el Gobierno le otorgase US$10 mil millones hoy mismo, en diez años más seguiría en la misma situación: quebrada", remarca otro expresidente de Petro-Perú que quiso mantener su nombre en reserva.Abonan a estos malos resultados el débil gobierno corporativo y la poca transparencia que la entidad estatal exhibe de un tiempo a esta parte.Muestra de ello es su renuencia a publicar o, tan siquiera, mostrar, el informe de reestructuración elaborado por Arthur D. Little, el cual fue aprobado por su directorio en julio de 2023 (seis meses atrás). Esto ha traído como consecuencia su retiro de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) precisamente, por su negativa a presentar el documento a los directivos de esta institución. "¿Qué es lo que nos revela esto? Falta de gobierno corporativo", indica Víctor Gobitz, presidente del gremio minero-energético.
- [El Comercio,Pág. 11 Día1] /