A inicios del 2017, el Gobierno peruano rescindió la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al consorcio de Enagás, Graña y Montero, y Odebrecht por los casos de corrupción que involucraban a esta última. A partir de esa situación, la firma española llevó a un arbitraje al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el dictado del laudo se ha ido prolongando. Ahora, la expectativa apunta a este primer semestre del 2024.