Cualquier persona que haya recuperado su libertad tras cumplir una pena de cárcel, pero que adeude el pago de la reparación civil de su condena, no podrá candidatear en ningún proceso electoral. Las razones se sustentan en que quedarán marcados en el Registro Nacional de Condenas sin la posibilidad de anular sus antecedentes penales, opinaron dos expertos consultados por este diario.