La disposición 1, dictada por el fiscal provincial Andy Rodríguez, que el 5 de abril ordenó a la Policía vigilar las actividades públicas y privadas de los periodistas Juan Carlos Tafur y César Romero, también puso en la mira al diario La República, el portal Sudaca y otros medios de comunicación. Este documento, prueba irrefutable del reglaje al que fueron sometidos ambos periodistas durante la gestión de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público, da cuenta de que no se investigaban actos ilícitos, sino que se criminalizaba la labor periodística, esto es, la búsqueda y difusión de información de interés público, garantizadas por la Constitución.