El crecimiento de la economía criminal en los últimos tres años ha sido explosivo y ha venido afectando severamente la calidad de vida de los hogares y el desarrollo de las empresas en el país. La inseguridad, la extorsión y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas, generan muertes y altos costos, y elevan el riesgo de vivir y hacer negocios en el Perú. (...) Específicamente, en cuanto a la minería ilegal, el aumento del precio del oro y la influencia de nuevas organizaciones criminales han favorecido la complejidad y la magnitud de estas actividades que buscan controlar áreas de nuestro territorio y desplazar a la minería formal. En esa línea, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en el 2016, ha servido como un padrón en el cual, al inscribirse, los mineros informales han podido continuar realizando sus actividades, protegidos de cualquier proceso judicial. Asimismo, el plazo para culminar el proceso de formalización se ha extendido cuatro veces desde su creación. En consecuencia, según un informe de la OEA hay más de 90 mil mineros que se han inscrito al REINFO, pero solo el 2% termina el proceso y se formaliza.