La Contraloría General detectó un perjuicio económico total de S/ 374.1 millones ocasionados -según informó- por los pagos sin sustento legal, ni contractual que efectuaron Protransporte y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a los concesionarios de los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima; así como por la sanción económica que se impuso a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Protransporte por incumplimiento de contrato del corredor Rojo.