Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía.Próximos al cierre de la Conferencia de la Partes (COP) 28 realizada en Dubái, los acuerdos alcanzados serían insuficientes para lograr la reducción de emisiones del 60% para el 2035. El sentido de urgencia no es uniforme ante la necesidad de conciliar los objetivos de desarrollo económico y seguridad energética, por un lado, y el grado de ambición por acelerar la descarbonización del planeta, por el otro. Sin embargo, hay consenso sobre la necesidad de una transición energética rápida y profunda.A escala nacional, la presión proviene de la necesidad de reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles importados. Ante ello, se ha instalado en la agenda pública la necesidad de realizar modificaciones normativas para acelerar esta transición, pero sin considerar las particularidades del sector energético y, sobre todo, obviando el impacto económico que podría causar acelerar la transición más allá de lo necesario.El Perú se encuentra en un proceso de transición energética con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para este efecto, se han implementado diversas políticas para acelerar este proceso, como es el caso de la Política Energética Nacional, que ha establecido como objetivo específico contar con una matriz energética diversificada en la que se enfaticen las fuentes renovables y la eficiencia energética.