Por Oswaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).En medio de una semana particularmente convulsa -y eso es mucho decir, dado los estándares peruanos-, me permito reflexionar sobre dos hechos que marcaron los últimos días y de los que no se ha discutido lo suficiente. En ambos casos, la incapacidad del Estado Peruano para brindar los servicios básicos y asegurar los derechos más elementales forman parte, desafortunadamente, del telón de fondo.El crimen de Pataz y la creciente violencia. El sábado 2 de diciembre, la compañía minera Poderosa sufrió un atentado en Pataz que dejó un trágico saldo de nueve trabajadores muertos y 13 heridos. Esto, lamentablemente, forma parte de la escalada de violencia que sufren muchos peruanos a manos del crimen organizado en diferentes zonas del país. Unos días antes, por ejemplo, Quinto Inuma, defensor ambiental y líder de su comunidad, también fue asesinado. Y tristemente ya no parece llamarnos la atención cómo los noticieros en la mañana deben enfocarse en temas policiales, para hacer un recuento de los atentados a pequeños comerciantes que decidieron no pagar cupos a los criminales. Frente a esta situación, no puedo dejar de dar, en primer lugar, mis más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos por esta violencia insensata. Debemos levantar nuestra voz y exigir al Estado que imponga el orden y el cumplimiento de la ley.