Hoy se cumple un año de uno de los episodios más viles de nuestra historia republicana reciente: el anuncio que hizo a través de los medios el entonces presidente Pedro Castillo de su decisión de "disolver temporalmente el Congreso" e "instaurar un gobierno de emergencia nacional" y de "declarar en reorganización el sistema de justicia", haciendo la precisión de que ello comprendía al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Aquí y en cualquier otro rincón del mundo civilizado, eso, por supuesto, es un golpe de Estado, un zarpazo al orden constitucional para imponer una dictadura. Para fortuna nuestra, la manifiesta incapacidad del exmandatario se hizo evidente también en ese acto de atropello a la democracia y, en pocas horas, el golpe fue conjurado y él, vacado por una mayoría de más de cien integrantes de la representación nacional.