Por Mario Saldaña.Hace poco, en "Un enemigo reforzado", señalé en este mismo espacio lo grave que es para la viabilidad democrática del país el crecimiento y la consolidación de la minería ilegal en no pocas áreas del territorio, poniendo incluso a Pataz como uno de los casos críticos.El reciente atentado a la minera Poderosa (que no es el primero, dicho sea de paso) ratifica la urgente necesidad de poner en marcha una estrategia de Estado (no solo de la actual administración, aunque a esta le compete la principal responsabilidad) sobre la base de un diagnóstico compartido y consensuado.Hace bien Augusto Álvarez Rodrich en calificar el fenómeno de esta actividad ilícita, asociada a bandas criminales de diverso tipo y origen, como el "nuevo Sendero". No es para menos. Algún seguimiento he podido dar en los últimos años a la presencia y expansión de la minería ilegal y hay similitudes.El estudio que presentó el experto Dante Vera para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en el último Perumin habla de un ecosistema totalmente autosostenible desde el punto de vista económico (2,5% del PBI) y con un crecimiento anual constante. Habría que agregar: con presencia y llegada directa a autoridades políticas (electas o no) en todos los niveles del Estado.