El sector privado en el Perú ya no solo debe enfrentarse a la burocracia estatal, sino también a mafias organizadas que asesinan y secuestran a trabajadores. El último caso fue en Pataz, La Libertad, donde nueve trabajadores de la minera Poderosa fueron vil y cobardemente asesinados por mineros ilegales en asociación con bandas criminales peruanas y extranjeras.La masacre de Pataz es una muestra de que las inversiones privadas están en jaque, sin que el Estado haga algo efectivo para evitarlo. Cada día, extorsionadores y demás delincuentes mantienen sometidos bajo el temor a millones de habitantes y a empresas de todo tamaño. Las nueve muertes de los trabajadores de la compañía minera, así como la de todos los peruanos que son ultimados por el hampa, no deben quedar impunes.