Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto.No puede ser posible que nuestro país esté en tal nivel de ingobernabilidad y que sucedan repudiables hechos como los criminales actos cometidos en contra de Compañía Minera Poderosa y sus trabajadores en Pataz. La minería ilegal, con la complicidad de algunos grupos políticos y ante la inefectividad de las fuerzas del orden (pese a las declaratorias de estado de emergencia) y las instituciones que se supone deben velar por la seguridad interna, debe ser urgentemente encarada. Hoy las actividades criminales campean ante la ineptitud y la indolencia de autoridades que están más concentradas en sus propios intereses y que mantienen una impunidad que erosiona cada día más el futuro del Perú y el bienestar de la ciudadanía.Como señala Ricardo Valdés en nuestro libro "Propuestas del Bicentenario: Rutas para el desarrollo institucional" (Debate, 2023), las economías criminales que operan en el país movilizan fuertes cantidades de dinero, tienen una importante presencia en todo el territorio y están poniendo en jaque a la actividad empresarial formal y el bienestar colectivo. Sus operadores tienen contactos tanto con la criminalidad organizada como con la delincuencia común, que les presta servicios. Estas actividades tienen múltiples nexos con funcionarios públicos y mantienen "partidas de gasto" para la corrupción de autoridades.
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