Lo sucedido este fin de semana en Pataz (La Libertad) ha sido una clamorosa evidencia de que el Estado y el gobierno que actualmente lo administra no están cumpliendo con la más elemental de sus obligaciones: proveer de seguridad a los ciudadanos y, por extensión, a las actividades económicas que ellos desarrollan.Como se sabe, el sábado pasado presuntos mineros ilegales en combinación con integrantes de la organización criminal conocida como Tren de Aragua atacaron un socavón de la minera Poderosa, ubicada en la ya mencionada localidad, y dejaron un saldo de nueve personas muertas y al menos otras 15 heridas. Los atacantes estaban premunidos de armas de fuego y explosivos, que no dudaron en usar, y en determinado momento tomaron también cuatro rehenes. Una auténtica pesadilla que ha enlutado a las familias de las víctimas, a la empresa y a la región en general. Y que, además, afectará la economía del país severamente, pues hará que los potenciales inversionistas dedicados a ese u otro giro se piensen tres veces si vale la pena colocar su dinero en un lugar donde campean la extorsión, el sicariato y mil negocios criminales sin que las autoridades exhiban los reflejos necesarios para poner coto a esa situación.