El escándalo desatado esta semana por la divulgación de los chats entre el exasesor de la fiscal de la Nación Jaime Villanueva y un miembro de la representación nacional todavía no identificado ha salpicado la pechera de autoridades ubicadas en prácticamente todos los niveles del Estado. Empezando por el propio Ministerio Público, pasando por la Defensoría del Pueblo y llegando hasta el Ejecutivo. La situación de los parlamentarios presuntamente involucrados en el canje de votos en asuntos que eran de interés para Patricia Benavides por el archivamiento de las carpetas fiscales que tenían abiertas es, sin embargo, una de las más delicadas. Y, a pesar de ello, hasta el momento de escribir estas líneas, se guardaba en el Legislativo un elocuente silencio al respecto.