El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1585, el cual se enmarca en las facultades otorgadas por el Congreso para que el gobierno legisle en materia de seguridad ciudadana. Con el objetivo de deshacinar los establecimientos penitenciarios, se modificaron el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras normas en torno a la regulación de la vigilancia electrónica, así como los requisitos para la suspensión de la condena y la prisión preventiva.