El 6 de julio del 2020, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Héctor Becerril por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo. Han transcurrido tres años y cuatro meses y, por fin, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso cuenta con una propuesta de informe final, pero hay un detalle: en lugar de aprobar la denuncia para que el proceso avance, la intención es enviar el caso al archivo.La República tuvo acceso a este extenso documento de 220 páginas, que fue elaborado por el parlamentario José Jeri Oré, del grupo Somos Perú.