Si alguno pretendió pescar a río revuelto y pensó que tras los actos vandálicos se anularían las recientes elecciones municipales y regionales, se equivocó de plano. Más bien, y como correspondía, el JNE ha anunciado que se denunciará penalmente a quienes destruyeron y quemaron material electoral, así como establecimientos públicos el día de los comicios.La situación es grave. Hay 270 detenidos, algunos de los cuales --según el Ministerio del Interior-- con antecedentes por narcotráfico y terrorismo, lo cual no descarta que las protestas hayan servido para encubrir a sectores interesados en crear el caos. Por ello, la ministra Pilar Mazzetti haría bien en deslindar quién estuvo detrás de tanto desbarajuste.Pero también los organismos electorales tendrían que poner las barbas en remojo y, por lo menos, aplicar medidas para que esto no vuelva a escapárseles de las manos. De nada vale lamentarse sobre los hechos consumados. Se debieron tomar mayores previsiones respecto a brotes violentistas, sobre todo en zonas enardecidas o de conocida belicosidad, pero no se hizo. El vandalismo no puede quedar impune: tiene que castigarse y con dureza. Cabe señalar que algunas irregularidades cometidas en estas elecciones --propaganda indebida, personeros inescrupulosos, entre otras-- pueden ser sancionadas con amonestación, multas e incluso con el retiro de los candidatos de las listas. Pero como ha señalado Transparencia, otras irregularidades --como los votos golondrinos en Huánuco, Áncash, Lima, Ica y Huancavelica-- no tienen aún sanción prevista. Visto lo sucedido, habría que estudiar la posibilidad de inhabilitar a quienes sean sentenciados por comprar votos de terceros.Finalmente, hay otra tarea pendiente para el Jurado Nacional de Elecciones: educar al electorado. Todos tenemos derecho a disentir, más aun cuando existe evidencia de irregularidades o cuando nuestros derechos están en riesgo. Pero ello debe hacerse respetando los procedimientos establecidos. Lo que no podemos hacer es dejarnos llevar de la nariz por quienes hacen del reclamo un hecho vandálico, en procura de alcanzar el poder a como dé lugar.(Edición sábado).