El caso de Doe Run abrió nuevamente la polémica sobre la minería y su compromiso con el medio ambiente. Y es que si bien la minera estadounidense no ha incumplido aun con los compromisos de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), sí ha señalado que requerirá de mayor plazo. De hacerlo, se uniría a un grupo de diez empresas que hasta el mes de junio han incumplido con los compromisos asumidos en sus PAMA.Pero la fundición de La Oroya no es la única que está en proceso de adecuarse a las exigencias ambientales del marco normativo existente, ya que alrededor de 60 unidades mineras y cuatro fundiciones establecieron compromisos con el Estado a través de sus PAMA con el objetivo de remediar sus pasivos ambientales y modernizar sus operaciones.Estos compromisos se establecieron en 1997, y desde esa fecha, alrededor del 83% de las operaciones mineras sí han cumplido las exigencias ambientales exigidas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).Muchas de ellas lo hicieron porque además de los aspectos ambientales, consideraban que al hacerlo tendrían una relación armónica con la población.El MEM dispuso de cinco años de plazo máximo para las unidades mineras y diez para las fundiciones para adecuarse ambientalmente. Pero la crisis del precio de los metales producida entre el 2001 y 2002 la empujó a ampliar el plazo a entre 12 y 18 meses adicionales. Pese a ello, diez mineras tienen retrasos en sus PAMA, razón por la cual la Dirección General de Minería ha procedido a sancionarlas. Entre ellas se encuentran unidades que pertenecen a Centromín- Perú (empresa estatal que tiene aún pasivos mineros por subsanar), Pan American Silver (cuya unidad Quiruvilca aún no cumple con las exigencias ambientales) y Compañía Minera Caudalosa (mina que pertenece al Grupo Raffo y que está pasando actualmente por una reestructuración ante el Indecopi).