Por Enrique Ferrand.La Defensoría del Pueblo (DP) en agosto reportó 225 conflictos sociales, de los que 84 eran socioambientales vinculados a empresas mineras con comunidades. Dicha conflictividad encabeza el ranking desde 2007. El reporte induce el mensaje equivocado de que la minería formal, a pesar del tiempo, no gestiona adecuadamente sus procesos de interrelación social y no termina de controlar sus impactos ambientales. Para bien informar a la opinión pública es necesario que la DP revise la metodología del reporte al ser selectiva, y reformule la tipología socioambiental por ser imprecisa.El reporte es selectivo porque frente a los 84 conflictos minero-formales referidos, solo consigna 7 minero-informales e ilegales en que comunidades exigen actuaciones del Estado, a pesar de la masiva transgresión a los derechos humanos en ese ámbito.