La Procuraduría Anticorrupción de Moquegua apeló la decisión judicial que salvó, gracias a la denominada "Ley Soto", al expresidente Martín Vizcarra de un proceso por el delito de negociación incompatible. El exmandatario era investigado porque habría permitido, cuando fue gobernador regional de Moquegua, pagos supuestamente indebidos por supervisiones no realizadas a la represa Chirimayuni.