El despacho del fiscal Richard Rojas Gómez, que investiga por lavado de activos a la presidenta Dina Boluarte y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha reducido la cantidad de su personal de alrededor de veinte a cuatro profesionales debido a que el área administrativa del Ministerio Público aún no autoriza la contratación correspondiente para que continúen con su labor.Según información a la que accedió El Comercio, los requerimientos para que 14 personas siguieran dedicadas a apoyar en las pesquisas de casos emblemáticos a cargo de la oficina del fiscal Rojas se realizaron entre el 21de agosto y el 9 de setiembre último.(Edición domingo).