La presidenta Dina Boluarte inició ayer su tercer viaje al extranjero. El avión presidencial la llevará en esta ocasión a Alemania e Italia con el propósito de "impulsar el intercambio comercial y la promoción de inversiones" con esos países, según reza una comunicación oficial al respecto. La mandataria visitará además el Vaticano a fin de "promover, estrechar y desarrollar las relaciones entre el Perú y la Santa Sede". Se trata, sin duda, de iniciativas que resultarían positivas en cualquier contexto en el que no hubiera otras urgencias que requiriesen de la atención y, eventualmente, hasta de los recursos comprometidos por el Ejecutivo en ellas. Pero ocurre que en estos días existe precisamente una emergencia así. Nos referimos, como es obvio, a la situación de los peruanos en Israel. Ya sabemos de dos connacionales que han perdido la vida como consecuencia del vesánico ataque de Hamás sobre el territorio de esa nación y de dos más que están desaparecidos. Pero, adicionalmente, se sabe de al menos 130 compatriotas que, angustiados por la posibilidad de una escalada del enfrentamiento armado, quieren regresar al Perú o, por lo menos, ser trasladados a un lugar alejado del conflicto. La reacción al respecto de la jefa del Estado, sin embargo, ha sido retórica y gaseosa.