Vladimir Cerrón Rojas y sus seguidores calificaron como "persecución política" la condena de 3 años y 6 meses de prisión, que se le ha impuesto al exgobernador de Junín por el delito de colusión. Pasan por alto que el caso se originó por una auditoría practicada por la Oficina de Coordinación Regional Centro de la Contraloría General de la República, en 2015. El informe final documenta que Cerrón, pese a las advertencias de entidades públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otras, organizó, promovió y adjudicó el contrato, lo que vulnera todas las normas y afecta los intereses del Estado. Según el reporte final de los auditores, documento que sustentó la acusación contra Cerrón y otros 5 funcionarios del Gobierno Regional de Junín, estos concertaron voluntades para aprobar la propuesta de una empresa que nunca había contratado con el Estado y mucho menos contaba con experiencia en la habilitación de aeropuertos. La intención de Cerrón y de sus cómplices fue la de favorecer a la compañía, que luego formó un consorcio para emprender una obra valorizada en S/403,6 millones de soles.