Ahora que, tras los recientes comicios, se va configurando un nuevo reparto político de los gobiernos regionales, es oportuno subrayar la urgencia de buscar mecanismos para imprimirles eficiencia y puedan lograr el objetivo descentralizador.En tal sentido, sin perder de vista la fusión macrorregional, lo inmediato y realista ahora, mientras las regiones se van afianzando política y económicamente, es incentivar proyectos de integración económica e industrial que vayan involucrando a dos o más regiones en proyectos de construcción de hidroeléctricas, carreteras, sistemas de irrigación, etc. Hasta ahora, lamentablemente y por diversas razones, el experimento regional no se ha consolidado. Es tiempo, entonces, de superar los errores del pasado cuando simplemente se superpuso la circunscripción regional a la departamental y desde altas instancias políticas se atentó contra el referéndum regional y la descentralización. Ya en tiempos recientes el régimen toledista estableció un sistema de incentivos que debe ser actualizado y ahora último el nuevo Gobierno ha expresado su voluntad --ya en marcha a través de varias leyes-- de transferir más prerrogativas y recursos a los gobiernos regionales para afirmar su autonomía en varios sentidos, y para probar también su capacidad de gestión.Pero sigue siendo patente, en la mayoría de los casos, la imposibilidad de las regiones, tal como están ahora, para ser autosostenibles. Ello especialmente por la incapacidad de la mayoría de gobiernos regionales para elaborar proyectos técnicos y aprovechar adecuadamente los recursos del canon y las regalías.Con el nuevo marco legal, y con el compromiso expreso del Poder Ejecutivo de trabajar acompasadamente y acelerar la transferencia de recursos y atribuciones, los gobiernos regionales no tienen pretextos para no asumir los problemas de su jurisdicción. Hay que acabar con aquel resabio centralista y paternalista de echarle la culpa de todo al Gobierno Central y exigir la presencia de autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros para resolver problemas nimios que debían afrontar las autoridades regionales.