Para Palacio de Gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) no tendrían necesariamente que ceñir su labor, acciones y programas a las políticas de Estado, como refiere el proyecto de ley que elaboró la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y que se aprobó parcialmente semanas atrás.Este proyecto --que deberá ser sometido a un nuevo debate entre hoy y mañana-- busca modificar las funciones y atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en tanto es la entidad rectora de la cooperación técnica que llega a nuestro país desde el exterior.La posición del Ejecutivo habría sido alcanzada al Congreso con el fin de evitar que, más adelante, el dictamen sea observado por el presidente Alan García.La idea es que, con estos alcances, el Congreso pueda aprobar un nuevo texto sustitutorio.Según información a la que tuvo acceso El Comercio, aun cuando desde Palacio de Gobierno se remarca el respeto a la libertad de funcionamiento de las ONG y la necesidad de que estas deben estar inscritas en APCI, hay dos aspectos que deberían incorporarse en el dictamen.Uno de ellos se refiere a que APCI debería tener la atribución de comunicar a los donantes y a los gobiernos extranjeros las irregularidades, deficiencias e infracciones a las leyes que cometan las ONG beneficiadas con su apoyo.La otra idea es que las ONG deberían estar obligadas a informar sobre el origen de los fondos que reciben del exterior, así como la participación de personal de otra nacionalidad en sus diversas áreas administrativas y de trabajo de campo.