Resulta intolerable que el reciente proceso electoral siga siendo perturbado por diversos grupos desbocados, sin reparar en el enorme daño que causan a la estabilidad política y democrática.Hay que considerar seriamente la gravedad de los delitos: aparte de atentar contra la integridad y la vida de inocentes ciudadanos, se pretende quebrantar la voluntad popular. Según se ha informado, al menos en 53 distritos del país hubo protestas que derivaron en actos vandálicos como quema y destrucción de material electoral, retención forzada de personas e incluso muertes de por lo menos tres personas. Por lo mismo, hay que exigir a las autoridades electorales, fiscales, judiciales y policiales emplear toda la fuerza de la ley para restaurar el orden y la autoridad, y poner fin a estos conatos violentistas, atizados por irresponsables. Sin embargo, es preocupante el escaso número de detenidos hasta ahora.La violencia, como nos enseña la experiencia histórica, solo genera más violencia y no ayuda a resolver nada. En este caso, debemos enfatizar que el voto popular tiene que ser respetado, aunque el candidato elegido no sea de nuestra preferencia. Y cualquier reclamo o discrepancia, por más justo que pudiera parecer, debe resolverse a través de los cauces y mecanismos legales existentes.En tal sentido, la impunidad es inaceptable por lo que las investigaciones de los actos vandálicos tienen que continuar hasta las últimas consecuencias para deslindar responsabilidades y castigar a los instigadores y seguidores.En otro orden de cosas, tenemos que reflexionar sobre la necesidad de ajustar el ordenamiento legal, por ejemplo para elevar el porcentaje de votos requerido para elegir a un alcalde, con lo que se reforzaría su legitimidad; y ver incluso la conveniencia de realizar una segunda vuelta y mejorar los procesos de revocatoria y reelección edilicia. Hoy gana el candidato que obtiene simplemente el mayor número de votos, lo que no da al gobernante un sustento político sólido y debilita su gestión al menor problema. Por ejemplo, en las elecciones del domingo pasado aproximadamente en diez gobiernos regionales el presidente fue elegido con menos del 30% de votos de la jurisdicción y en uno con menos del 20%.