La conflictividad social entre el 2021 e inicios del 2023 obligó a 11 de las principales unidades mineras a detener sus operaciones, que ocasionó pérdidas por S/ 7,000 millones. Con ello, el ritmo de crecimiento económico fue 1.1 puntos porcentuales menor y la recaudación fiscal dejó de percibir S/ 1,800 millones, equivalente al 5.2% del total recaudado en el sector minero durante dicho periodo. Así lo reveló el Instituto Peruano de Economía (IPE) mediante el estudio "¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería"."No es posible gobernar bien o invertir en proyectos mineros sin tener presente las consecuencias personales, económicas o institucionales de los conflictos", anotó Rolando Luque Mogrovejo, adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Consideró que, en los últimos años, el factor principal de disminución de las inversiones privadas estaría relacionado con la inestabilidad política, en particular con la pérdida de legitimidad de las instituciones.De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, existen 225 conflictos, similar número al reporte anterior.
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