El Gobierno ajustó las normas para incrementar la fiscalización a los compromisos que asumen las industrias extractivas con las comunidades asentadas en las zonas de influencia de esas actividades, con miras a hacer un mejor seguimiento a la solución de los conflictos sociales.Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reveló que, de acuerdo con un reciente reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en realidad, la mayor parte de los compromisos sociales pendientes de cumplir (con comunidades) competen al Estado.Detalló que, de un total de 3,891 compromisos sociales pendientes de cumplir registrados a nivel nacional, 2,724 (el 80%) los asumieron entidades del Gobierno nacional.