La reciente declaración de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres -y el pedido de aplicar esta medida a 33 distritos de Lima Metropolitana- refleja el acelerado deterioro de la seguridad ciudadana en la capital. Pese a esto, los recursos de los municipios más vulnerables para afrontar el crimen son los más escasos de la ciudad.Las dos primeras comunas encabezan, junto con Cercado de Lima, el ránking de denuncias por comisión de delitos ante la policía, y concentran casi el 18% de estas incidencias (28.121 de 166.000 en el 2022, y 11.129 de 63.192 de enero a abril del 2023), según cifras recogidas por el INEI. Sin embargo,su presupuesto percápita para orden público es menor a S/ 22, cifra que representa menos de la tercera parte del promedio distrital en Lima (S/ 66 por persona).(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. 10] /