La falta de celeridad con la que se otorgan permisos en minería es siempre señalada como un punto neurálgico para la inversión en el sector. Sin embargo, poco se sabe respecto a su efecto real en el desarrollo económico del Perú, lo que incluye al PBI, la recaudación fiscal y la generación de empleo. Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dimensiona este impacto. De los 46 proyectos mineros actualmente en cartera, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay 23 que se encuentran retrasados por razones externas a las empresas.La regulación minera, precisa el IPE, es bastante compleja. A través de sus cinco etapas, un proyecto en el sector debe enfrentar 232 procesos administrativos, donde 100 involucran a 19 entidades púbicas, entre las que resaltan la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
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