A finales de los años 80, el Perú sufría de una grave hemorragia fiscal, y una de las causas centrales era el dispendio que demandaba la operación a pérdida de numerosas empresas públicas. Muchas de ellas fueron fuente constante de una corrupción que succionaba recursos de todos los peruanos para pagar trabajadores fantasmas, contratos de proveedores manipulados, créditos indebidos, sueldos inflados y un sinfín de malas prácticas. No fue sino hasta el proceso de privatización de inicios de los años 90 que se cerró buena parte del agujero negro fiscal que representó el Estado empresarial. Pero el peligro para los contribuyentes quedó latente en algunas empresas que quedaron en manos del Estado y, entre ellas, la más grande -por lejos- es Petro-Perú.(Edición domingo).