Cuando grupos de trabajadores con agenda propia toman el poder de las instituciones públicas a las que, se supone, deben servir, los únicos beneficiados son ellos mismos a costa del resto de la sociedad. La dinámica se ve claramente en empresas públicas como Petro-Perú y en sectores sociales como salud y educación, donde la presión de los burócratas, médicos, docentes, entre otros, puede más que los intereses de los pacientes o alumnos. Y, si al proceso se le agrega corrupción, la disfuncionalidad profunda es el único resultado posible.Esto es, muy posiblemente, lo que se ha visto con Essalud en los últimos años. Ayer, por ejemplo, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que, desde el 2015, la familia Obando Zegarra se benefició de contratos con Essalud por servicios de seguridad que ascienden a S/ 154,8 millones, de los que S/ 61 millones se adjudicaron por contratación directa. Los hermanos Obando Zegarra tienen al menos cuatro empresas dedicadas al rubro de seguridad y vigilancia. Tres de sus firmas registran inhabilitaciones o sanciones por dar información falsa en procesos públicos, además de vínculos con funcionarios o exfuncionarios de Essalud. Los conflictos de intereses abundan. John Obando, fundador de las empresas, por otro lado, ha sido denunciado por robo y por presentar documentación falsa entre el 2020 y el 2022.